Cuadernos de corrupción K: las empresas, en la mira por evasión y lavado

El juez federal Claudio Bonadio solicitó a la AFIP que analice los números de todas las empresas que admitieron o se sospecha que pagaron sobornos en el marco de la megacausa de coimas que involucra a las obras públicas realizadas durante el kirchnerismo.

La orden de Bonadio implicará, en la práctica, que todas las empresas que confesaron que tenían dinero en negro, fuera de sus balances, afrontarán acusaciones administrativas por evasión, con penalidades que pueden llegar al 70% de los montos de los sobornos, como así también en sede judicial, en el fuero Penal Económico, aunque las derivaciones llegarán tan lejos como hasta Estados Unidos .

El objetivo de Bonadio es verificar cuál fue el origen del dinero en efectivo que se entregó al número dos de De Vido, Roberto Baratta, y otros funcionarios de Planificación Federal, como así también cotejar cuál era la situación financiera de cada empresa cuando efectuaron esos pagos ilegales para verificar si estaban realmente en una situación de ahogo financiero, como los empresarios afirmaron al acogerse al régimen del arrepentido.

La AFIP ya había iniciado de oficio la revisión de los números de algunas empresas, mientras que otras ya arrastraban investigaciones por presunta evasión.

La orden de Bonadío ya no solo conllevará que los empresarios y ex funcionarios deban rendir cuentas ante la Justicia, sino ante el fisco argentino por lo que en la jerga se denominan "salidas no documentadas" de sus balances.