Tras acuerdo entre la UTA y las empresas, se desactivó el paro de colectivos para el próximo viernes

Paro de colectivos. Foto: NA.

Tras una larga reunión en el Ministerio de Trabajo, la UTA y las cámaras empresariales arribaron a un acuerdo salarial, por lo que no habrá paro de colectivos.

Como parte del acuerdo, el sector patronal abonará dos cuotas de $250.000 a cobrar en mayo y en junio. Luego se seguirá negociando.

El sindicato conducido por Roberto Fernández pretendía que les reconocieran a más de 50.000 choferes un salario básico mensual de al menos $ 987.000, un acuerdo en paritarias que implicaría una mejora de 83% trimestral en marzo frente a diciembre, y que le gana por 32 puntos a la inflación, muy por encima de lo que el Gobierno busca convalidar.

Paro de colectivos. Foto: NA.

La estructura de costos reconocida por la Resolución 15/2024 de la Secretaría de Transporte solamente autoriza a las empresas a pagar $737.000 a los choferes o poner la diferencia de su bolsillo.

En plena reunión de este miércoles, el gremio sacó una propuesta con la que haría sentir su descontento, presionaría a los empresarios y al mismo tiempo eludiría el paro. Lo hacen, según fuentes del sector, "para no perjudicar al usuario".

La medida novedosa sería “salir a trabajar sin activar la sube (es un rubro salarial) como medida de protesta, sería como no cobrar boleto”. Es decir, los pasajeros viajarían gratis.

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Diferencias por el valor del boleto

Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) -la cámara en la que pesa el grupo Metropol, el segundo más importante del AMBA detrás de DOTA-, en marzo el precio "real" de un boleto debió haber sido de $ 1.198.

SUBE. Foto: NA.

Los pasajeros cubrieron con las tarifas un mínimo de $ 270 -pero un promedio más bajo, por los descuentos integrados-; y el Estado, con subsidios, otros $ 354 para llegar a $ 624 reconocidos.

La diferencia, de $ 574, fue a "pérdida" de las empresas, que ajustan frecuencias, unidades, extienden la renovación del parque en años de antigüedad y disminuyen la seguridad del servicio. Son casi $ 93.000 millones mensuales que no están reconocidos por el Estado.