Universidades dieron clases públicas en Plaza de Mayo en reclamo por el veto al presupuesto

Marcha universitaria. Foto: NA

La Plaza de Mayo se convirtió este martes en una gran aula al aire libre en el marco de las protestas por el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. 

Cientos de personas, entre profesores y alumnos de centros públicos, celebraron este acto como parte de una huelga de 48 horas que comenzó el lunes.

Buscaron así visibilizar sus reclamos por la falta de recursos y su oposición al veto de  Milei, aprobado por el Congreso.

Los congregados en la mítica plaza porteña pidieron fondos para el mantenimiento de las infraestructuras y salarios justos con el objetivo de que puedan seguir operativas las universidades.

Te puede interesar:

El Gobierno elimina programas de universidades y piqueteros y exige la devolución del dinero: habrá un ahorro $1800 millones

Clases públicas en la Plaza de Mayo

Encontrá más vídeos

La manifestación fue convocada por la AGD, que cuenta con el apoyo mayoritario del entramado universitario de la UBA, después de que en las últimas semanas docentes y estudiantes tomaran casi un centenar de facultades en toda Argentina.

Aunque el conflicto data de principios de año, las protestas se recrudecieron desde el 10 de octubre, tras el veto de Milei a la ley de financiación universitaria, que de haber seguido su curso habría permitido mantener las instituciones en funcionamiento.

Marcha universitaria en el Congreso. Foto: NA

Milei justificó su decisión en la necesidad de reducir el déficit fiscal. Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso considera que esta ley hubiera tenido un impacto equivalente al 0,14 % del PIB, a lo que el Gobierno ha respondido que la discusión de este asunto corresponde al ámbito de los presupuestos.

El presupuesto enviado al Parlamento el 15 de septiembre por el Ejecutivo presenta una merma del 0,3 % en Educación e incluye una reducción del 4,5 % destinado al financiamiento de las universidades. Además elimina la obligación de destinar al menos el 6 % del PIB al sistema educativo.